MEMORIA

Vivimos tiempos de volatilidad. En nuestro país y en el mundo. Las palabras parecen ir perdiendo o mudando su significado o bien siendo utilizadas para expresar sentidos opuestos al que referían. Lo que hasta no hace tanto se intentaba ocultar o disimular, con inherente reconocimiento a su carácter cuestionable o delictivo -de aquello que debería ser rechazado, evitado y penado-, ahora puede ser mostrado con orgullo y ostentación. Las opiniones, aún aquellas más disparatadas y caprichosas, pueden ser expresadas a viva voz y con pretensiones hegemónicas, asumiendo que tener muchos “likes” en las redes sociales pueda ser tan sólido como el método científico y las evidencias empíricas. La Tierra pierde su esfericidad y se aplana, las vacunas nos magnetizan, la justicia social es un crimen, las guerras son preventivas, las leyes y los acuerdos se toman en cuenta solo si convienen a los intereses de quienes tienen las ventajas a su favor, dos más dos pueden sumar tres. Con frecuencia se argumenta, mientras la pasividad de muchos lo consiente, que la preexistencia de otros delitos semejantes justifica los que ahora se estén llevando a cabo, sean sobreprecios, coimas, obtención de privilegios, subvenciones sospechosas, supresión de derechos o el mero desprecio de los límites que imponen la Constitución y las leyes. Algo así como la ley de la selva. La vida y su calidad no importan tanto como las ganancias y las miradas hacia el futuro no parecen ir más allá de mañana. Al menos en lo que a “los demás” se refiere, ya que lo propio, lo individual, adquiere proporciones incalculables y parece constituirse como piedra fundamental de la civilización actual (¹). Conservar la memoria alcanzaría para desmentir semejante presunción.

Hace 50 años, un golpe de estado cívico-militar -ejecutado por los mandos de las fuerzas armadas de esa época, uniformadas, equipadas, armadas y asalariadas con los recursos públicos de la Nación, cuyo objeto era la defensa de la Nación ante amenazas externas y en el marco de su Constitución y sus leyes- se hizo con el poder absoluto, ejecutivo, legislativo y judicial, con la complicidad de algunos sectores civiles, llevando a nuestro país a una de sus etapas más oscuras y sangrientas. Decenas de miles de desapariciones forzadas, torturas, muertes -incluyendo a personas arrojadas vivas al mar desde aviones, apropiación de bebés nacidos durante el cautiverio de sus madres o bien secuestrados en los procedimientos ilegales llevados a cabo, cometiendo innumerables delitos de lesa humanidad, varios de los que aún se perpetúan por el ocultamiento de información hasta nuestros días (la que incluye la identidad de cientos de bebés -hoy personas adultas- aún no recuperados por sus familias) y que incluyeron censura, proscripción, persecución y cancelación de los derechos y libertades sociales e individuales.

Como resultado de diversas acciones, incluyendo el destacadísimo rol desempeñado por las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, Argentina recuperó su democracia en 1983 y llevó a juicio a muchos de los responsables de tales atrocidades, siendo condenados por delitos de lesa humanidad, algo también reconocido en ese carácter por los organismos internacionales. No por casualidad, Argentina emergió de esos años de dictadura con una abultada deuda externa, evidencia per se de que detrás de todas las cuestiones políticas que se esgrimían, había otras de carácter económico que le daban lugar y cuyos beneficios eran efectivamente disfrutados por algunos. Estos juicios y el modo ejemplar en que fueron llevados adelante recibieron fuertes y significativos respaldos internacionales, constituyendo un hecho de referencia en numerosos países.